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Actividades » Culturales

Debate sobre la Cátedra del Aborto

Debate en la Academia Nacional de Medicina sobre el aborto, en el cuál se mencionó a la creación de la materia electiva del mismo tema. Participó el decano de la Facultad el Dr. Ricardo Nidd.




Opinión sobre el aborto (2004)
Aborto: Legalización, depenalización y otras cuestiones a aclarar
(Dr. R Pablo Yurman)

En su aspecto jurídico, el aborto constituye un delito contra las personas, vulnerando, en concreto, la vida humana. Está claro, pues, que el valor que se busca defender mediante la penalización del aborto es nada menos que la vida humana. Así como el delito de homicidio protege la vida extrauterina, mediante la existencia del delito de aborto se procura desalentar toda conducta tendiente a eliminar la vida humana en gestación. Es importante reparar en lo siguiente: en 1921 (año de la sanción del Código Penal Argentino) no existían evidencias científicas fehacientes que garantizaran que la vida humana comenzara en el instante de la concepción. Los avances técnicos en este campo han permitido superar lo que alguna vez pudo haber originado discusiones en torno al momento en que se inicia la existencia del ser humano, no siendo necesario ahondar sobre el particular.

Sin embargo, superado el debate en torno al inicio de la vida humana, los partidarios de la legalización del aborto recurren al argumento del derecho de la mujer a disponer libremente sobre su propio cuerpo. En este aspecto debemos ser cuidadosamente claros: es cierto que existe un derecho individual a disponer sobre el propio cuerpo (derecho que, por lo demás, detentan no sólo las mujeres), pero no es menos cierto que ese derecho no es ilimitado o absoluto, y que por lo tanto no puede justificar la eliminación del derecho que otro tiene, no ya a disponer sobre su propio cuerpo, sino a vivir. Quizá sea atinado recurrir a la analogía con otro derecho. Nadie duda que cualquier individuo goza del derecho a disponer libremente de su propiedad (por ejemplo, un inmueble), lo que no implica que el dueño de la propiedad pueda hacer cualquier cosa con ella: no puede incendiarla (lo que acarrearía perjuicios a los linderos) y, en caso de ocuparla un locatario, deberá respetar los plazos establecidos en el correspondiente contrato de locación (plazo de intimación, etc.) para disponer nuevamente de ella. Ahora bien, si admitimos este tipo de restricciones a un derecho importante para todos como lo es el de propiedad, ¿por qué tanta obstinación en considerar el derecho a disponer del propio cuerpo de la mujer embarazada como ilimitado y absoluto? El aparente conflicto de valores en torno al aborto, en realidad, no es tal. El derecho a la vida siempre ocupará un lugar jerárquicamente superior al que se tiene a disponer sobre el propio cuerpo.

La otra cuestión relacionada con el aborto se vincula a los fines que otorgamos a las leyes. Algunas voces limitan el objeto de una ley a legitimar una determinada práctica social. Se argumenta, entonces, que como a pesar de su prohibición, el aborto es una práctica que igualmente se realiza (recurriéndose incluso a cifras que no se sabe muy bien de dónde se obtienen) lo que deben hacer los legisladores es legalizar la práctica a fin de que, al menos, se la realice en condiciones sanitarias aceptables. Pero se olvida que las cuestiones vinculadas a lo sanitario no pueden justificar jamás la eliminación de una vida humana, en su estadio más frágil de desarrollo. Una ley no tiene entre sus principales objetos la legalización de conductas sociales, en una suerte de “blanqueo” legislativo. Con esa lógica, deberíamos propender a que se despenalice el hurto, porque a fin de cuentas, también es una conducta bastante común.

Finalmente, algunos proyectos legislativos aluden a que procuran sólo la despenalización del aborto, mas no su legalización. Esta idea no resiste el menor análisis jurídico. Borrar un delito del Código Penal significa, implícitamente, dirigir un mensaje a la sociedad considerando que determinada conducta deja de ser disvaliosa, a la vez que implica un desmerecimiento del valor al que el delito otorgaba, hasta entonces, cobertura penal. En este caso, nada menos que la vida humana.

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